La víctima, la gran olvidada

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sad 3187671 1280 300x275La víctima ha sido la gran olvidada del sistema penal. Orientado hacía la prevención y castigo del delito, utilizado como un instrumento del Estado para garantizar la paz publica, ha obviado que detrás de cada hecho que se juzga se encuentra el dolor de quien lo padece. La víctima ha permanecido ajena al sistema penal hasta tiempos bien recientes, y aún así, pese a los esfuerzos realizados para dignificar su posición en el proceso penal, vemos con demasiada frecuencia, que estos se quedan en papel mojado, en la mera literalidad de la ley. 

Escuchábamos recientemente en un  juicio seguido por una agresión sexual como se le negó asistencia médica por el personal del Sergas a una víctima por carecer España convenio de cooperación con su país de origen, pretendiendo cobrarle la asistencia. Quizás el error, derivado del desconocimiento, pues el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forma parte la Comunidad Autónoma de Galicia, elaboró un Protocolo para la actuación sanitaria ante la violencia de genero, extensible a las víctimas de agresiones sexuales, en donde especifica los distintos pasos que deben seguirse, orientados a evitar la victimización secundaria, unificando en un solo acto el reconocimiento asistencial y forense. 

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La Instrucción por el Ministerio Fiscal

handcuffs 2102488 1280 300x169La intervención del Ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia del Congreso exponiendo las líneas maestras de la legislatura, anunciaba, como uno de los objetivos de la misma, el viejo proyecto de otorgar la instrucción al Ministerio Fiscal. No hay que echar mucho la vista atrás para recordar esta reiterada promesa en boca de los últimos ocupantes de la calle San Bernardo. Los proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de los ministros Caamaño y Gallardón, a pesar de corresponder a fuerzas políticas de distinto signo, incidían en la atribución de la instrucción al Fiscal.

El Ministro anunciaba la redacción de un nuevo proyecto. Las palabras del Ministro al indicar “tenemos una labor de estudio, muy profunda y seria, iniciada en el 2011 y continuada en el 2012, bajo gobiernos de distinto signo y con textos de calidad jurídica que permiten arrojar una luz para abordar “bien” una tarea realmente compleja”, eran premonitorias de lo que parecía una palmaria intención, acoger las ideas principales de lo que fueron los dos últimos intentos de reforma de la LECr. Cuando ya se ha mediado la legislatura y comenzamos la andadura final, el Ministro vuelve a anunciar la inmediatez de la presentación de un nuevo proyecto que contempla la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal. Difícil será que veamos publicado en el BOE el anunciado proyecto, más bien contaremos con un tercer intento que va a sintetizar los dos anteriores, con una vocación de permanencia que difícilmente logrará.

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La dificultad de juzgar. Los hechos probados

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886 300x200La dificultad de fijar los hecho probados de una sentencia constituye un limite a la opinión valorativa sobre los hechos realizada por el observador externo. El proceso penal, en cuanto garantía de aplicación de la pena, deja en manos del juez fijar que hechos alcanzan la certeza suficiente para ser declarados probados. No se trata de una tarea fácil, y es por ello, que resulta sumamente complejo efectuar valoraciones sobre los hechos sin haber presenciado el juicio, sin escuchar directamente lo que las partes han manifestado.

Si algo me ha dejado claro toda la polémica suscitada con la sentencia de la Manada es la dificultad del oficio de juzgar, y sobre todo, de hacerlo de una manera independiente, entendiendo la independencia en su doble dualidad, capacidad de aislamiento de la presión exterior y acercamiento a los hechos careciendo de ideas predeterminadas sobre el curso de los mismos. Quizás a estos dos aspectos, que marcan la valoración subjetiva y la objetiva, debíamos añadir un tercero, una visión de los hechos libre de estereotipos machistas.

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La reforma de la Constitución en materia de Justicia

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leon-1120098_1920Esta situación de indefinición política en la que nos encontramos, con unas negociaciones para formar gobierno que no acaban de concluirse, ha servido sin embargo, para poner sobre la mesa múltiples propuestas de reforma en los distintos ámbitos institucionales, incluida la propia reforma de la Constitución. Al Estado se le agita en una coctelera de ideas, mezclando líquidos y sabores, no siempre con el esperado acierto. Propuestas que se ponen sobre la mesa y con la misma fugacidad que se presentan se transforman o desaparecen, dando paso a nuevas ideas, muchas de las cuales resultan contradictorias con las anteriores. Una fugacidad, presente en el vivir diario y que ahora también se asienta en esta agitación ideológica por cambiar las cosas. 

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La protección de datos en el ámbito penal

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castle-1340132_1920La legislación sobre protección de datos se extiende también al ámbito judicial, pero no ya sólo como objeto del procedimiento contencioso administrativo, sino como legislación a cumplir en la creación y tratamiento de los ficheros de datos personales. La reciente aprobación por el Parlamento Europeo de la Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, impone a las autoridades nacionales una necesaria actualización de sus legislaciones para acomodarlas al contenido de esta directiva.

La insuficiencia de la regulación que se contenía en la Decisión Marco 2008/977/JAI, tanto por su naturaleza, como por venir limitado su ámbito de aplicación al tratamiento transfronterizo de datos, motivó la necesidad de plantear una nueva normativa que al amparo del art. 16 del TFUE comprendiese tanto el tratamiento de datos personales transfronterizo como el nacional, también en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial.

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El Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) de la UE

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coins-948603_1920 (1)La creación de un Sistema de Tribunales de Inversión (Investment Court System, ICS) constituye una de las cuestiones más controvertidas en las conversaciones sostenidas entre la UE y EE.UU para la negociación de un nuevo tratado de libre comercio e inversión, el llamado Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). No es la única cuestión polémica que arroja el acuerdo, pues son numerosas las críticas que se le han realizado desde diversos ámbitos dada la incidencia que el mismo tendrá para los ciudadanos de la Unión Europea en cuestión como seguridad alimenticia, en materia medioambiental o en propiedad intelectual, en una clara apuesta por la mercantilización de los servicios en la que se otorga preeminencia a las multinacionales sobre los Estados.

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Juez de Instrucción, una profesión de riesgo

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hammer-802298_1920El progresivo relieve que ha ido tomando la fase de instrucción, sobre todo a medida que se ha ido disparando el número de denuncias relativas a casos de corrupción, ha conllevado una serie de consecuencias muy alejadas de la finalidad que la ley buscaba. El procedimiento penal se ha instrumentalizado como un mecanismo más de la lucha partidista, judicializando en exceso la vida política y convirtiendo al proceso en un constante generador de noticias periodísticas  que fecundan los juicios paralelos y conllevan la anticipación de la exigencia de responsabilidad.

No hace falta recordar que la fase de instrucción sólo tiene por objeto preparar el juicio (art. 299 LECr), demorando la declaración de responsabilidad penal a un momento posterior. No procede entrar ahora en la polémica cuestión relativa a determinar el periodo procesal en el cual se debe dimitir del desempeño de un cargo público, pero sí que constituye una certeza la dificultad de continuar en el ejercicio de la política cuando se ha sido imputado en un proceso penal. 

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La corrupción: entre la preocupación y las soluciones perentorias

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euro-1144835_1920La corrupción aparece de nuevo en última encuesta del  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como la segunda preocupación de los ciudadanos (47,8 %) solo por detrás del paro, e incluso prevaliendo sobre los problemas económicos. El incremento porcentual sobre la anterior encuesta responde, quizás, a la inmediatez en prensa de casos de gran repercusión mediática como son el juicio por el caso Nos y la Operación Taula, pero no oculta con ello que para los españoles el conjunto de delitos que englobamos bajo el nombre de corrupción (recogidos en el Título XIX del Libro II del Código Penal) constituyen una de sus inquietudes más relevantes, como ya reconocía el porcentaje del 39,2% que se recogía en la anterior encuesta CIS.

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Sesión de investidura: 9 líneas dedicadas a Justicia

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congress-525676_1280La sesión de investidura desarrollada en el Congreso de los Diputados en los días de ayer y hoy, ha sido un ejemplo del desinterés que la administración de justicia presenta para los partidos políticos. No me refiero en exclusiva a quien se postulaba a presidente del gobierno, sino que en los correspondientes turnos de réplica, ese desinterés sigue patente en las intervenciones de los distintos representantes de las formaciones políticas. Con un postulado de principios tan limitado, ¿cómo vamos a esperar la necesaria modernización de la administración de justicia?

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Los vocales del CGPJ serán seleccionados por un Comité de Expertos

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un comite de expertos para seleccionar a los vocales del CGPJEs tiempo de propuestas, alguna tan novedosa como la introducción de un Comité de Expertos en el nombramiento de los vocales del CGPJ. La   proximidad de la sesión de investidura nos ha traído la existencia de diferentes alternativas en la gestión y reforma de la administración de justicia. Se examinaba en un anterior post los planteamientos de Podemos, y nos enfrentamos hoy a los de Ciudadanos. Ambas son proposiciones reformistas que afrontan desde diferente óptica los problemas de la justicia, y al margen de las discrepancias teóricas que mantenemos con ellas, debe alabarse el espíritu de cambio que late bajo cada una de ellas.

La propuesta de reforma express de la Constitución formulada por el partido político Ciudadanos, ha puesto de nuevo de actualidad el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, cualquier intento de reforzar la independencia del Poder Judicial se inicia y agota en soluciones, más o menos imaginativas, que pretenden sustraer el órgano de gobierno de los jueces de la apariencia de control político. Ahora le llega el turno a Ciudadanos en una propuesta de pacto de gobierno que ha sido asumida por el partido socialista.

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