La sesión de investidura desarrollada en el Congreso de los Diputados en los días de ayer y hoy, ha sido un ejemplo del desinterés que la administración de justicia presenta para los partidos políticos. No me refiero en exclusiva a quien se postulaba a presidente del gobierno, sino que en los correspondientes turnos de réplica, ese desinterés sigue patente en las intervenciones de los distintos representantes de las formaciones políticas. Con un postulado de principios tan limitado, ¿cómo vamos a esperar la necesaria modernización de la administración de justicia?
Una sesión de investidura al margen de la Justicia
Si el discurso del investido recoge, o por lo menos esa es su intención, los problemas y preocupaciones de aquellos que lo han votado, y dada su propuesta de representación general, asume como propias las necesidades de la totalidad de los ciudadanos, reducir a 9 líneas sus propuestas en materia de justicia, es considerar que la preocupación que los ciudadanos presentan en esta materia, es escasa, y en consonancia con ello, evidencia el carácter secundario que el candidato otorga en la prioridad de sus preocupaciones a la Justicia.
Reforma del Código Penal
En el discurso presentado al Parlamento, el candidato a Presidente se refirió en tres ocasiones a distintas temáticas relacionadas con la administración de justicia. En primer lugar para afrontar los problemas derivados de la corrupción y proponer una nueva reforma del código penal en aquellos tipos penales que presentan incidencia con la misma. No causa extrañeza esta propuesta, pues es consustancial a cualquier nuevo gobierno que se precie. Se ha convertido el Código Penal en una de las normas que ha sufrido un mayor número de reformas y modificaciones puntales en los últimos años. Al albor de gobiernos progresistas o conservadores, el Código ha sufrido la inclusión de nuevas conductas punitivas (como la prisión permanente revisable de la que ahora se anuncia su supresión); la constante elevación de penas (en delitos sexuales o en los relativos a la corrupción); y la delimitación puntual de los tipos penales (la cual en la mayoría de las ocasiones discurre al margen de los posiciones jurisprudenciales que perfilan el tipo penal).
Así las cosas, se recibe con recelo cualquier nueva modificación del Código Penal, pues conocido es el anhelo legislador de residenciar la solución a problemas sociales recurriendo en exclusiva a la agravación de la sanción penal, y en una materia como la corrupción, las propuestas realizadas en este sentido no agotan la solución del problema, sino se refuerzan las medidas de control y fiscalización en la contratación pública.
Elección de los miembros del Tribunal Constitucional y CGPJ
En segundo lugar abordó el discurso de investidura la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, asumiendo, como ya habíamos comentado en un anterior post, la propuesta formulada por Ciudadanos. Inicia el tratamiento de este tema el candidato con una formulación de principios sorprendente por descalificadora con el modelo actual. Manifiesta así “me propongo impulsar una auténtica revolución en los cargos de designación parlamentaria” para continuar indicando “en estos casos debe primar la independencia, profesionalidad, e imparcialidad de los candidatos”. Ninguna de estas carencias se puede declarar de quienes actualmente los desempeñan. La crítica al sistema de nombramiento no se ha realizado desde la ausencia de esos atributos sino de la perversión que se producía al primar la designación ideológica sobre la profesional. Independencia e imparcialidad van implícitas al desempeño del cargo, de no concurrir, se está más próximo al delito que a la crítica política.
El nuevo sistema que se propone, “convocatoria pública, evaluación de competencia e idoneidad de los candidatos”, no difiere del anterior. La única novedad la constituye establecer un Comité Asesor de composición profesional a quien le corresponde efectuar una evaluación inicial, cuyos informes gozarán de la adecuada publicidad. Esta selección inicial, pública, da paso a la reproducción del sistema anterior, “audiencia en las comisiones del parlamento, y aprobación por mayoría de las cámaras competentes”. Con ello se vuelven a reproducir los defectos del sistema anterior. Se prima la competencia profesional (a través de un sistema que va a limitar muy mucho las propuestas de candidatos, ante la dificultad de encontrar a profesionales de larga trayectoria que se quieran ver expuestos a un proceso público de selección, con la incidencia que una hipotética exclusión pueda presentar en su carrera profesional) pero en último término la elección sigue rigiéndose por las mayorías parlamentarias, cuyas decisiones ya no responden a criterios profesionales sino ideológicos, y que acaban marcando con esa impronta al nombrado y provocando en el órgano de gobierno o Tribunal, la formación de mayorías y minorías de un marcado carácter ideológico que transmite a la opinión pública una imagen politizada de la institución.
Reforma de la administración de Justicia
9 líneas, tal y como referíamos en el título, resumen el esperado cambio de la Justicia. Concordamos con el análisis de la situación actual “nuestro sistema judicial sufre graves deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias”, e incluso se cabría añadir la necesidad de reorganizar el sistema distributivo de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Este repaso rápido al estado de situación, que no difiere a la evaluación de un enfermo en fase terminal, requiere la propuesta de soluciones contundentes. Diferir la solución a un futuro Pacto de Estado es diluir la urgencia en la nebulosa del tiempo, en la búsqueda de acuerdos políticos de difícil composición, dada la divergencia de soluciones que plantean los partidos alineados a la derecha e izquierda del proponente, véase las propuestas de Podemos a las que ya hemos hecho referencia.
Hace falta un Pacto de Estado, un compromiso conjunto de todo el ámbito parlamentario en mejorar la justicia, pero además se requieren propuestas concretas que permitan ir avanzando en la finalidad perseguida “alcanzar la media de los países de referencia europea en relación con los medios personales y materiales de los juzgados y tribunales”. Esas propuestas se encuentran ausentes en el discurso de investidura. No demandados que un discurso programático recoja la letra pequeña pero si el necesario compromiso con el aumento presupuestario en materia de justicia, o con el adecuado impulso en la necesaria reforma de leyes procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que vaya más allá de la propuesta de supresión “de los recortes en materia de instrucción”.
Otra oportunidad perdida para la Justicia
La justicia vuelve a estar relegada como hermana pequeña del Estado, prescindiendo nuestros políticos de la importancia que en democracia presenta disponer de un sistema de garantía y límite al exceso de los otros poderes del Estado. Seguimos hablando de corrupción, de politización de la justicia, pero seguimos sin afrontar la configuración de la Justicia como uno de los tres pilares del sistema democrático, tan relevante como los otros dos.