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La víctima ha sido la gran olvidada del sistema penal. Orientado hacía la prevención y castigo del delito, utilizado como un instrumento del Estado para garantizar la paz publica, ha obviado que detrás de cada hecho que se juzga se encuentra el dolor de quien lo padece. La víctima ha permanecido ajena al sistema penal hasta tiempos bien recientes, y aún así, pese a los esfuerzos realizados para dignificar su posición en el proceso penal, vemos con demasiada frecuencia, que estos se quedan en papel mojado, en la mera literalidad de la ley.
Escuchábamos recientemente en un juicio seguido por una agresión sexual como se le negó asistencia médica por el personal del Sergas a una víctima por carecer España convenio de cooperación con su país de origen, pretendiendo cobrarle la asistencia. Quizás el error, derivado del desconocimiento, pues el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forma parte la Comunidad Autónoma de Galicia, elaboró un Protocolo para la actuación sanitaria ante la violencia de genero, extensible a las víctimas de agresiones sexuales, en donde especifica los distintos pasos que deben seguirse, orientados a evitar la victimización secundaria, unificando en un solo acto el reconocimiento asistencial y forense.
El progresivo relieve que ha ido tomando la fase de instrucción, sobre todo a medida que se ha ido disparando el número de denuncias relativas a casos de corrupción, ha conllevado una serie de consecuencias muy alejadas de la finalidad que la ley buscaba. El procedimiento penal se ha instrumentalizado como un mecanismo más de la lucha partidista, judicializando en exceso la vida política y convirtiendo al proceso en un constante generador de noticias periodísticas que fecundan los juicios paralelos y conllevan la anticipación de la exigencia de responsabilidad.
El derecho en su aplicación comprende un importante margen valorativo, si las leyes tuviesen una perfección técnica que permitiese comprender los diversos supuestos de hecho en su literalidad, no haría falta interpretación ni valoración. Pero no sucede así, el uso de supuestos abiertos, de conceptos jurídicos indeterminados, las incongruencias internas y las sucesivas reformas, convierten a la inseguridad jurídica en un inseparable compañero de viaje en la aplicación normativa. Resulta difícil de explicar que ante dos supuestos semejantes, la diferente interpretación jurídica de la norma, nos pueda llevar a conclusiones distintas. Y que además estas sean jurídicamente adecuadas.